La salida de Jalisco del Pacto Fiscal generaría un enorme caos, pues provocaría la duplicidad del cobro de algunos impuestos en perjuicio de los contribuyentes. Además, habría problemas con la deuda actual y con las posibilidades de que el estado tuviera accesos a nuevos créditos, pues actualmente su aval es el gobierno federal.
Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- La pretensión del hasta hoy Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, de redefinir el Pacto Fiscal e incluso, su amenaza de salirse de él, parte de una premisa correcta, de la cual se derivan una serie de afirmaciones inconcebibles, afirma el doctor en economía por la Universidad de París, Luis Ignacio Román Morales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, especializado en asuntos relacionados con empleo, política económica y coyuntura socioeconómica.
Considera el también exprofesor e investigador del ITESO que el Pacto Fiscal es realmente anacrónico, pues fue un acuerdo que se estableció en la época del presidente priista José López Portillo (1976-1982), para repartir la abundancia derivada de la riqueza petrolera.
Actualmente, el gran problema para el país es que la base sobre la cual se estableció el Pacto Fiscal ya no existe, porque ya no hay excedentes petroleros. Cada día hay menos dinero para repartir, pero no tienen razón los gobiernos estatales que acusan que el malo de la película es el gobierno federal. “Si analizamos de donde ha salido el dinero para todo el país desde los años 80, los principales financiadores de todo el país, que sí han puesto más de lo que han recibido, son dos estados de la República: Campeche y Tabasco, porque de ahí viene el petróleo. Y podemos poner también a Chiapas, por la generación eléctrica”, explicó el también integrante de Oxfam México, organización con presencia en 70 países, que tiene como propósito acabar con la pobreza, la injusticia y la desigualdad extrema, para la construcción de un mundo más justo e igualitario.
Explica el doctor Román Morales que con respecto a las participaciones federales habría que hacer una diferenciación: una cosa es Jalisco y otra el gobierno del estado de Jalisco. Considera que una gran parte del gasto público de Jalisco no la está ejerciendo el gobierno estatal, sino que lo ejercen los gobiernos municipales y, sobre todo, el gobierno federal, a través de dependencias federales. Considera que hay un manejo de cuentas incorrecto y con intenciónes políticas. Por lo tanto, no se puede decir que se esté castigando presupuestalmente a Jalisco, a Querétaro a Aguascalientes, o alguna entidad en particular.
La salida de Jalisco del Pacto Fiscal generaría un enorme caos, pues provocaría la duplicidad del cobro de algunos impuestos en perjuicio de los contribuyentes. Además, habría problemas con la deuda actual de Jalisco y con las posibilidades de que Jalisco tuviera accesos a nuevos créditos, pues actualmente su aval es el gobierno federal. Me parece un sinsentido la salida del Pacto Fiscal.
El doctor Luis Ignacio Román Morales advierte que, pese al optimismo del nuevo gobernador de la entidad, Jesús Pablo Lemus Navarro, quien iniciará su gestión este viernes 6 de diciembre del 2024, aunque es verdad que Jalisco tiene ventajas importantes por la inversión extranjera en sectores de punta, como la industria electrónica, autopartes y sectores agrícolas de exportación de berries y aguacate, también sensibles fragilidades en las áreas de salud y laborales, entre otras. Y aunque la deuda de Jalisco es elevada, todavía no entra en una fase peligrosa, pero el gobierno de Lemus Navarro debe tener mucho cuidado en los compromisos que contraiga por el pago de intereses.
El gobierno del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (2013-2018) le entregó la administración estatal a Alfaro Ramírez, el jueves 6 de diciembre del 2018, con una deuda directa de largo plazo de 17 mil 500 millones de pesos, alrededor de 2 mil 500 millones de pesos más que la entregada en 2013 por el mandatario panista Emilio González Márquez (2007-2013).
El 10 de octubre del 2022 comparecieron ante el Congreso de Jalisco los secretarios Juan Partida, de la Hacienda Pública y David Miguel Zamora, de Infraestructura y Obra Pública, para informar que los 6 mil 200 millones de pesos autorizados por la legislatura estatal al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, el 22 de mayo del 2020 ya se habían utilizado y que no se anticipaba la solicitud de más deuda.
Durante la administración de Alfaro Ramírez, el Congreso de Jalisco le autorizó otro crédito por 5 mil 250 millones de pesos, para una suma total de endeudamiento por 11 mil 450 millones de pesos. El primer crédito, se dijo, fue para comprar maquinaria que se entregó a municipios del estado y el segundo para para reactivar la economía ante la pandemia de coronavirus. Las deudas se pagaría en 20 años.
Por el tamaño de su deuda al cierre de 2023, Jalisco ocupaba el séptimo lugar a nivel nacional, por debajo de la Veracruz, que sumaba 49 mil 926.2 millones de pesos y de Coahuila, con 38 mil 278.1 millones de pesos; pero por encima de Sonora, que sumaba 32 mil 046.8 millones de pesos y de Baja California, con 26 mil 101.3 millones de pesos de deuda.
En un primer momento, durante el periodo 2014-2019, la deuda del gobierno de Jalisco se mantuvo alrededor de los 3 mil 300 pesos por persona. En un segundo momento, mismo que abarca desde 2020 al 2023, la deuda jalisciense se ubicó alrededor de los 4 mil 300 pesos por persona. Específicamente a 2023, la deuda por persona en el estado de Jalisco su ubicó en 4 mil 233.1 pesos por persona, monto superior en 125.1 pesos al observado durante 2022.
A partir de este viernes 6 de diciembre del 2024 asume la gubernatura de Jalisco el emecista Jesús Pablo Lemus Navarro, un gobierno que se presume dará continuidad a las política de la administración que le antecedió, encabezada por Enriqeu Alfaro, que privilegió los intereses del sector privado y en particular, de los empresarios inmobiliarios.
